En el
siglo de las tecnologías de la información y las comunicaciones es razonable
que cualquier gestión administrativa pueda realizarse de manera telemática:
solicitud, trámite de subvención, recurso, liquidación de impuestos y tasas,
vista de expediente, recibir notificaciones, etc. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Reinosa es
actualmente imposible, ya que solo se puede hacer de manera presencial.
La
administración que referimos no es ciencia ficción ni delirios fruto de fiebres
electorales y mucho menos una utopía. Implantar la administración electrónica,
de hecho no es una opción, es una obligación, al menos desde el año 2007 en el
que se aprueba la Ley sobre Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, con un
plazo de transición hasta diciembre de 2009. Transcurridos casi 6 años el
Ayuntamiento de Reinosa no ha hecho siquiera lo más elemental: la implantación
de la Sede Electrónica, algo tan básico que ya poseen muchos ayuntamientos de
una entidad mucho menor que el nuestro.
El
proceso de modernización y actualización de nuestra administración requiere una
transición en absoluto sencilla y supone un enorme esfuerzo en todos los
niveles: económicos, organizativos, tecnológicos, formativos, que a su vez
exigen planificación, diálogo, consensos y, en resumen, mucho trabajo. Tarea y
esfuerzo en la cual tiene que implicarse el Gobierno Regional a todos los
niveles puesto que desde 2013 tiene atribuidas las competencias en esta
materia.
Pero no
podemos posponer indefinidamente el proceso de modernización, mas aún cuando
acumulamos un enorme retraso y el tiempo juega en contra nuestra. Por otro lado
es un imperativo legal y por tanto, estamos incumpliendo nuestras obligaciones
y conculcando los derechos de l@s ciudadan@s.
La
transición no será sencilla y como todas las grandes transformaciones
comportará una pequeña crisis y ciertas disfunciones en un principio. Pero que
sin duda tendrá como resultado a medio y largo plazo una administración más
dinámica y eficiente en los recursos que sin duda contribuirá a mejorar los
servicios municipales. Además de una herramienta imprescindible para la
transparencia, difusión activa de información y, por tanto, también para la
participación ciudadana en la toma de decisiones.
Por todo ello REC ha registrado una moción para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno la creación de una Comisión Informativa Especial la cual debería
funcionar como un grupo de trabajo al objeto de realizar un diagnóstico previo,
así como en la medida de lo posible establecer un plan y calendario de
aplicación de la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos a la vez
que implementar las obligaciones derivadas de la próxima entrada en vigor de la
ley de Transparencia y Buen Gobierno.
